ALCANCES RESPECTO AL ANUNCIO DE EXPROPIAR CLINICAS PRIVADAS

Por Michael Meza – Especialista en Afectaciones Prediales y Expropiación

La Expropiación como mecanismo Facilitador de Inversión.

Uno de los mecanismos por los cuales el Estado puede promover y facilitar proyectos de inversión publica o asociativa disponiendo y restringiendo los derechos de propiedad de los Particulares, es la institución juridica denominada expropiación.  En nuestro país dicho mecanismo se encuentra regulado por T.U.O. del Decreto Legislativo N° 1192 “Texto Unico Ordenado del Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de Obras de Infraestructura”, publicado con fecha 25 de agosto del 2015

La expropiación es una Institución Jurídica  por la cual el Estado puede disponer de manera excepcional la propiedad de los particulares, sustentada en las causales reguladas en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú .[1]

En el presente artículo evaluaremos la pertinencia de la aplicación de esta institución jurídica, a fin de que el Estado pueda tomar posesión y administrar las clínicas privadas con el objeto de preservar la salud pública en estos tiempos de pandemia

La pertinencia de aplicar la Expropiación en la coyuntura de Pandemia

A efectos de precisar si es viable la aplicación de la expropiación se debe determinar le existencia de los requisitos exigidos por el TUO del Dec. Leg. 1192 para su materialización, estos son:

  1. Causal de excepción al Derecho de Propiedad – Artículo 70° C.P.P.
  2. Ley que autorice la expropiación de los predios necesarios para el proyecto.
  3. El pago de la Indemnización Justipreciada

Respecto al primer requisito el ejecutivo ha señalado que sustenta su decisión en la necesidad pública de salvaguardar la integridad física, la salud y la vida de los ciudadanos peruanos que viene siendo afectada por la pandemia. Esta justificación a nuestro entender reúne los requisitos de excepción señalado por la Constitución.

Respecto al segundo requisito se requiere de una ley que autorice  al titular del sector qué ejecutará la expropiación de todos los predios requeridos por el proyecto, esta norma debe ser emitida por el Congreso de la República requisito legal que a la fecha no se ha emitido y tomaría su tiempo si se mantiene la decisión del Ejecutivo de aplicar la expropiación para disponer de la infraestructura clínica hospitalaria privada con el objeto de salvaguardar la vida y la salud de los peruanos en época de pandemia.

En tanto no se emita la norma autoritativa, el tercer requisito no se puede efectuar en el marco de la expropiación, por tanto la pregunta qué debemos efectuarnos recae respecto a la pertinencia de la aplicación de esta institución jurídica como la mejor solución que tiene el estado para disponer y hacer uso de infraestructura clínica hospitalaria de los privados para atender la necesidad de camas UCI y enfrentar con mejor equipamiento la presente situación.

Debemos considerar que el planteamiento del Ejecutivo obedece a una temporalidad en su aplicación, por cuanto busca satisfacer la necesidad urgente de camas UCI para enfrentar la pandemia, vale decir que el Estado tomará el derecho real de propiedad que existe respecto a las infraestructuras hospitalarias de las clínicas privadas hasta poder superar la pandemia, dicho esto, estaríamos frente al supuesto de una disposición temporal del derecho real de propiedad privada.

Si bien es cierto la expropiación como excepción al derecho real de propiedad, calzaría aparentemente como un instrumento qué facilitaría dicha medida, en la ejecución de la misma, de acuerdo a la legislación vigente  sería inviable dados los plazos requeridos para su ejecución y devendria en ilegal dado el sustento de su ejecución

Señalamos que es inviable por los plazos requeridos por la situación de emergencia, en razón a que la disposición de la infraestructura debe ser inmediata, dada la naturaleza y la rapidez de los contagios y el elevado número de mortandad que viene sufriendo nuestra población.

Considerando que el procedimiento regulado en el TUO del Decreto Legislativo N° 1192, requiere el cumplimiento necesario de actividades previas a la toma de posesión cómo son: i) La tasación correspondiente que incluye la valorización del terreno, la fabrica edificada[2], el lucro cesante y el daño emergente para así poder obtener el justiprecio que se debe pagar a los afectados previo a la toma de posesión de dichos predios, este procedimiento en el mejor de los casos no sería menor al de los 6 meses, plazo que resulta excesivo frente a la necesidad inmediata de contar con dicha infraestructura hospitalaria de las clínicas privadas.

Lo que resulta preocupante en dicho anuncio, es que la expropiación como institución jurídica en el Perú, no permite la disposición temporal de derechos reales de propiedad, es más dicho supuesto está proscrito, tal como lo señala en el numeral 5.4 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1192[3].

En nuestro país, la expropiación es una institución jurídica que ha tenido malas experiencias en su aplicación por parte del Estado, por cuanto no se cumplió con el pago del justiprecio fijado, llegando a formar en la población el concepto errado que la expropiación era un sinónimo de confiscación y disposición abusiva de la propiedad; razón por la cual en la legislación actual se exige que previo a la ejecución de la expropiación, se cuente con la certificación presupuestal que garantice el pago del justiprecio a los afectados.

Debemos precisar que existen otros países que cuentan con legislación que permite la expropiación temporal de propiedades como es el caso de México, Chile entre otros, en el Perú no se ha regulado  dicha modalidad por cuanto luego de ejecutar la expropiación estos bienes, forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su disposición respecto a transferencias de dominio de propiedad estatal se hace mediante subastas publicas, mecanismo que no  garantizaría  que estas infraestructuras retornen a manos de sus antiguos propietarios.

Dicho esto, podemos concluir que nuestra legislación no permite como viable la aplicación de la expropiación como mecanismo para disponer de infraestructura clínica hospitalaria privada y así enfrentar la emergencia de contar con camas UCI para salvar la vida de los ciudadanos,

Consideramos que nuestro pais sí cuenta con otros mecanismos legales a los que el ejecutivo puede recurrir para disponer de estas infraestructuras y ponerlas al servicio de la población  de manera inmediata.

Ley N° 26842 – Ley General de Salud.

Artículo 82o.- En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes.

Cabe precisar que la Infraestructura Hospitalaria de las Clínicas Privadas es definida como Recurso médico-asistencial por nuestra legislación en salud. 

La aplicación de esta disposición legal es menos perjudicial para los propietarios de la clínica, por cuanto no perderían el dominio sobre sus infraestructuras, esta sería de aplicación inmediata por parte del ejecutivo en beneficio de la población y esta medida no implicaria una intervención respecto a la propiedad o administración de las clinicas, facultando incluso a regular tarifas, modalidad y admisiones de los pacientes en dichos centros clínicos.

Esperamos que a la fecha de publicación del presente artículo el Ejecutivo haya podido llegar a un entendimiento saludable con el sector médico privado, pero quedaria pendiente la necesidad de  analizar la oportunidad de regular un mecanismo que permita la llamada expropiación temporal o el uso temporal de áreas como medida excepcional de restricción al Derecho de propiedad de los particulares.


[1] Artículo 70.- Inviolabilidad del derecho de propiedad

A nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio

[2] Edificación existente sobre el terreno.

[3] 5.4. La Adquisición o Expropiación no pueden ser realizadas cuando se funda en causales distintas a las previstas en el presente Decreto Legislativo, cuando tiene por objeto el incremento de las rentas públicas o cuando responde a la necesidad de ejercitar derechos reales temporales sobre el bien inmueble


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